La Ley de Educación de Cataluña dibuja un nuevo modelo de escuela que blinda la inmersión lingüística, da más autonomía a los centros educativos y amplía los conciertos con el sector privado. La normativa, que ayer recibió la luz verde definitiva del Parlament, limita a dos horas semanales las clases de castellano. Fue apoyada con los votos de CiU, PSC y ERC, aunque los tres grupos menores de la cámara -PPC, ICV-EUiA y Mixto- la rechazaron total o parcialmente.

 

La Generalitat tendrá la competencia exclusiva en materia lingüística por lo que, en la práctica, determina que la lengua vehicular del sistema educativo sea el catalán. Con ello, garantiza la inmersión lingüística e impide que se curse una tercera hora de castellano. La normativa aprobada ayer no se ajusta al decreto del Ministerio de Educación que instaba a dar tres horas de lengua y literatura castellana a la semana y que recurrió la Generalitat. No obstante, la ley garantiza la «suficiencia» del conocimiento del castellano, y un «buen nivel» de una tercera lengua.

 

El Gobierno catalán otorgará una financiación «suficiente» a los centros privados concertados, que tendrán obligaciones y derechos análogos a los de los públicos. Para ello creará el Servicio de Educación de Cataluña, integrado por las dos redes. Con el fin de asegurar la gratuidad de la educación, la ley prohibe expresamente que los colegios concertados impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo.

 

Uno de los puntos más polémicos de la ley es su ambigüedad respecto a los conciertos de los que disfrutan los centros que separan a los niños por razón de sexo, y que suelen corresponderse con centros de elite, ya que, de hecho, la norma permite que continúen recibiendo subvenciones si así lo decide el gobierno de turno.