La futura ley para convertir a los profesores madrileños en "autoridad pública" dejará fuera al 42 % de los docentes de la Comunidad.
La medida anunciada ayer por la presidenta Esperanza Aguirre en la Asamblea se aplicará sólo a los profesores de la enseñanza pública (unos 48.000) mientras que quedarán excluidos los de los centros concertados y privados (cerca de 35.000). La Consejería de Educación explicó que se ha querido "respetar la autonomía educativa y pedagógica" de estos centros. Un portavoz subrayó que los funcionarios "son los que dependen directamente de la consejería".
"Hace tiempo ya que los profesores reclaman un mayor apoyo institucional que refuerce su autoridad", sentenció Esperanza Aguirre al exponer en la Cámara su intención de crear la Ley de Autoridad del Profesor.
Con todo, el futuro texto deberá limitarse a conceder a los docentes la "presunción de veracidad" en caso de conflicto con un alumno, es decir, que la versión del profesor prevalezca a menos que se presenten pruebas en su contra. O tratar la desobediencia como "desacato". No tendrá capacidad para calificar agresiones como delitos, ya que eso cae dentro del Código Penal y, por tanto, en las competencias del Estado.
Agresiones como atentado
De hecho, la Fiscalía General del Estado ya recomienda desde 2008 a los fiscales que consideren a los profesores como autoridad y las agresiones graves como delito de atentado contra la misma.
Ante la medida, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pidió cautela y subrayó que le gustaría que las decisiones para lograr "el respeto y el reconocimiento de la autoridad moral de quien en- seña" se incorporen al pacto social y político que su departamento propone.
Menos tibio y enfrentado a la idea de Aguirre estuvo Pedro Rascón, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa). Para él, esta medida va demasiado lejos: "Cualquier intento de agresión será un atentado, y cualquier palabra que no le guste al profesor, desacato a la autoridad. Estamos ante una judicialización y militarización de las aulas, impropia del siglo XXI".
Los que estaban exultantes eran los representantes de los sindicatos CSI-CSIF y ANPE. Este último ha empujado sin descanso para conseguir una iniciativa como ésta y ha puesto en marcha un servicio de recogida de quejas de docentes.
Ambas organizaciones se han apresurado a aplaudir la futura ley. "Llevábamos pidiéndolo desde 2004", explicaron. "Pedíamos que hubiera presunción de veracidad; hasta ahora, si un alumno o un padre acusaban al profesor de algo, éste tenía que demostrar con testigos que era inocente. Ahora, la carga de la prueba recaerá en la otra parte".