El Gobierno regional aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, que pretende apoyar a los docentes en su trabajo educativo. Afectará no sólo a los profesores de la enseñanza pública, sino también a los de los colegios concertados  

PEDRO BLASCO

Protección para los profesores. No importa que trabajen en la enseñanza pública o en la concertada. Los docentes tendrán los primeros meses del próximo año una Ley para protegerles. El Gobierno regional aprobó ayer el anteproyecto de ley que les convertirá en autoridad pública «y les permitirá favorecer el aprendizaje y la transmisión de valores», según explicó Esperanza Aguirre. 

Protegerá a 50.000 docentes públicos y a unos 17.000 que trabajan en centros concertados con la Administración. Cada año decenas de profesores son agredidos por alumnos o padres. El sindicato ANPE informó hace unos meses que el 26% de los docentes que llamaron durante el pasado curso al teléfono del Defensor del Profesor había sufrido agresiones por parte de los alumnos (8% de los casos) y acoso o amenazas (en un 17 %), mientras que casi la mitad, un 46%, reconoció tener ansiedad por la profesión que ejercen. 

Hasta la fecha se pensaba que la norma que iba a aprobar el Gobierno regional afectaría sólo a los centros públicos. Pero los juristas de la Comunidad de Madrid han encontrado precedentes que permiten que los centros concertados también cuenten con el paraguas de la Ley. 

Los centros privados tendrán autonomía para establecer sus normas de organización y funcionamiento y sus normas de convivencia y disciplina en el marco de la normativa vigente, según dice el anteproyecto. Pero sus empleados no tendrán la condición de autoridad. 

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destacó que, además de afectar a todos los profesores, la Ley se aplicará no sólo en la clase sino también en las actividades extraescolares (comedores, autobuses, excursiones,...). También se podrán aplicar medidas cautelares, como la expulsión, hasta que se tome una decisión definitiva. 

La expulsión seguirá siendo potestad exclusiva del director, según precisó en la presentación de la norma la consejera de Educación, Lucía Figar. 

La Ley pretende que los docentes puedan ejercer su trabajo en un clima de orden, disciplina y respeto, según explicó también la consejera de Educación. 

El texto aprobado ayer será remitido al Consejo Escolar antes de enviarlo a la Asamblea de Madrid. Los profesores serán considerados como autoridad pública, similar a un policía o un juez. 

Las declaraciones o informes que elaboren los docentes tendrán condición de presunción de veracidad. Los profesores tendrán protección y asistencia jurídica, así como una amplia cobertura de responsabilidad civil durante su trabajo en el centro o cuando estén fuera del mismo pero en funciones docentes. 

Los centros podrán solicitar a los padres o representantes legales de los alumnos la colaboración necesaria e información respecto a las circunstancias personales. Siempre se respetarán los derechos a la intimidad y otras garantías constitucionales. 

La norma será aplicada en Primaria. En un principio se pensó que tuviera vigencia en Secundaria, que es donde se producen mas incidentes. Aguirre explicó que esta decisión se tomó tras recoger las sugerencias de los sindicatos y la oposición. 

Los alumnos, según el texto aprobado, estarán obligados a reparar los daños que causen de forma intencionada o por una negligencia en instalaciones del centro. En caso de robo deberán restituir lo sustraído. Los padres deberán asumir la responsabilidad en los dos casos. 

No habrá tarimas obligatorias, como se insinuó en un principio. Será una discreción del centro, pero visto el precio, unos 3.000 euros, parece poco probable que se instalen en los colegios, que tienen otras necesidades. 

Los sindicatos dijeron en su día que se trataba de una competencia del Estado. El Ejecutivo regional cree que la norma no entra en materia penal, una competencia de las Cortes Generales, y se limita a desarrollar la LOE, que en su artículo 104.1 señala que «las administraciones educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respeto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea encomendada». 

En abril del 2007 ya se aprobó un decreto de convivencia que regulaba algunas de las actitudes de los alumnos, como el uso del móvil o el cuidado de las instalaciones. 

La oposición y los sindicatos

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, espera que la Ley de Autoridad del Profesor contemple el desarrollo del Estatuto docente como mejor método de apoyo y refuerzo al profesorado. 

Inés Sabanés, portavoz del Grupo de IU en la Asamblea, afirmó que «la mejora de la calidad de la Educación pasa por aumentar los recursos y no por crear falsos debates que sólo tienen como objetivo esconder la realidad de las cifras». 

La portavoz de FETE-UGT Madrid, Virginia Fernández, lamentó que la Comunidad no haya tenido en cuenta a los representantes de los trabajadores a la hora de elaborar el anteproyecto. 

CCOO de Madrid considera que es necesario dar autoridad al profesor pero asegura que la Ley es una «cortina de humo».