Los padres de colegios católicos no están dispuestos a perdonarle a la Conselleria de Educación un trato diferenciado con los centros públicos, por lo que han abierto una brecha en las relaciones para conseguir nuevos derechos a golpe de sentencias. Las recientes resoluciones sobre el servicio complementario de comedor y transporte de los centros públicos de titularidad de la Generalitat para el curso 2009-10 acaban de ser denunciadas en los tribunales por considerarlas "discriminatorias".

Este recurso interpuesto por el procedimiento de lo contencioso-administrativo para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona, de carácter urgente y preferente, se suma a otro anterior presentado al Tribunal Superior de Justicia contra las resoluciones de ayudas a comedor y transporte, correspondientes al curso anterior, 2008-09.

"La legislación educativa vigente determina que todos los centros sostenidos con fondos públicos están en igualdad de condiciones en la admisión y escolarización del alumnado y, en consecuencia, en los centros privados concertados y en los públicos existen alumnos en las mismas circunstancias personales, familiares, sociales y/o económicas (padres en paro, discapacidades, familias numerosas, residencias a 3 kilómetros del colegio)", explicó a Levante de Castelló el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa-CV), Nicolás Sánchez.

En su opinión, sin embargo, lo que "resulta discriminatorio es la diferencia de trato determinada por las resoluciones administrativas que solamente benefician a los alumnos adscritos a centros públicos", añadió. En concreto, el responsable de esta entidad cita los casos de las familias de dos colegios concertados del municipio de Alboraia. "El autobús escolar recogía a los alumnos adscritos a los centros públicos, sin que dejasen subir a los niños de los centros privados concertados que se encontraban en las mismas circustancias de ubicación del domicilio familiar" lamenta.

Padres de la misma organización recurrieron, a principios de curso, contra la imposibilidad de objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero el TSJ-CV está emitiendo autos desestimatorios.