Nadie se atrevió ayer a decir que la Ley de Autoridad del Profesor que anunció Esperanza Aguirre era una chapuza. Bueno, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, dijo que le sonaba «a chapuza» y ofreció al Gobierno regional su ayuda «para hacerlo bien». 

Sindicatos de profesores, padres, la Fiscalía, políticos varios y hasta el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se mostraron, en cierta medida, de acuerdo con la norma, que sería la primera ley específica en este tema, aunque el concepto de «autoridad pública» no sea nuevo en el territorio nacional.

Gabilondo explicó ayer que le hubiera gustado discutir esta norma antes de ser presentada y que se incluyera en el Pacto Nacional de Educación que se plantea el Gobierno central. Sin embargo, y a falta de ver el alcance de las competencias que se van a establecer en la normativa, consideró la medida como «positiva».

«La presidenta regional llevaba mucho tiempo pidiendo esta norma y el Gobierno no ha hecho nada. Además, el Pacto de Estado por la Educación ni siquiera tiene fecha», justificaron ayer fuentes de la Consejería de Educación.

Una de las críticas razonables que planteó Tomás Gómez es que la ley de Aguirre afectará sólo a los funcionarios, es decir, a la escuela pública, y no estarán incluidos los docentes de los centros privados ni de los concertados.

Por su parte, el portavoz de IU hoy en el debate, Gregorio Gordo, insistió en que la ley no va a solucionar los problemas reales de la educación madrileña y demandó un incremento de recursos antes que de autoridad.

«Ése no es el elemento fundamental para solucionar el problema de la educación en Madrid, tiene que ver con más recursos, con la necesidad de la formación del profesorado, con el número de niños por aula, con muchas otras cosas que las que pretende Esperanza Aguirre resumir en una frase». Para Gordo, el anuncio de la Ley de Autoridad no es más que «un titular» para evitar hablar de «los problemas de los madrileños», según informa Europa Press.

La Fiscalía ya lo pidió

La Fiscalía General del Estado advirtió ayer que, desde diciembre de 2008, ya había pedido a los fiscales que persiguieran las agresiones a los profesores como si fueran contra una autoridad pública.

Sin embargo, la Consejería de Educación insistió en que la circular de la Fiscalía se refería exclusivamente a las agresiones, «una situación extrema en la relación profesor-alumno», mientras que la Ley de Autoridad del Profesor recoge más puntos que fortalecen la situación del docente.

«No es únicamente el tema de las agresiones, el profesor, como autoridad pública, puede ahora pedir a un alumno que abandone el aula, y si desobedece la falta es más grave que hasta ahora, por ejemplo, que es un proceso más complejo porque en muchos casos no podía expulsarlo», aclaran fuentes regionales.

Aguirre explicó ayer que, según los análisis regionales, los docentes madrileños pierden «un tercio del tiempo escolar en mandar a callar a sus alumnos». Demasiado para la presidenta regional: «Creemos que educar para la ciudadanía es enseñarles a comportarse y que la libertad tiene como límite la libertad del otro, que no puede haber libertad sin límites».

Pero no todo han sido loas completas, algunas asociaciones de padres, como la FAPA, pidieron junto a la norma más recursos para acabar con el fracaso escolar, alarmante en algunas zonas como reconoció la propia presidenta regional. Además, otros críticos plantearon los posibles abusos de este blindaje: «La presunción de veracidad no significa que el profesor acierte siempre. Si miente o no hace un uso correcto, tendrá que afrontar la denuncia de abuso de poder», añadieron desde Educación.

Las dos comunidades que ya tienen en marcha esta norma, Cataluña y Valencia, la establecieron dentro de la figura de decretos educativos. Ahora, la ley de Madrid tendrá que ajustarse al marco normativo para que sea totalmente eficaz.

Aguirre: «Me he sentido como Obama»

Dicen los colaboradores de Esperanza Aguirre que la parte más difícil de un discurso de 128 páginas, como el de ayer de la presidenta, es hablar sin que se te muevan los folios. Pues ayer, Aguirre tiró de tecnología para poder vigilar la reacción de su auditorio. Frente a la tribuna principal, se podía ver dos atriles con cristales transparentes. Nada desde un lado, pero el discurso telegrafiado por el otro.

El aparato en cuestión se llama telepromter y funciona como una especie de autocue, es decir, el discurso va apareciendo por la pantalla y Aguirre no tenía más que leerlo a su ritmo sin más movimiento de manos. Era la primera vez que se utiliza en la Asamblea, pero no la primera vez que Aguirre lo usa. De hecho, el aparato que se utilizó ayer pertenece al Partido Popular, según fuentes regionales, y ya ha sido el comodín de la presidenta en algunas conferencias y mítines.

«La verdad es que me he sentido como Obama», bromeaba Aguirre en los pasillos después del discurso, conocedora del sistema que suele usar el presidente de EEUU. Además, el telepromter tiene otras ventajas que la presidenta conoce muy bien: mirando a cada diputado a la cara, se evitó que muchos de ellos se levantaran para tomar un café o ir al baño.

Ni siquiera los consejeros tuvieron moral para comentar los últimos cotilleos del Consejo de Gobierno.

Siendo el aparato de propiedad privada, se supone que hoy, los portavoces de PSOE e IU tendrán que volver al sistema tradicional de papeleo. Para eso, además, la instalación del artilugio fue pagada por el grupo popular.

Eso sí, la novedad puede sentar precedente. Fuentes de la Asamblea de Madrid aseguraron ayer que si lo piden los grupos, la institución podría hacerse con un ordenador y las dos pantallas por el módico precio de unos 10.000 euros, para el uso compartido.