"Mostramos nuestro más enérgico rechazo ante la idea de la Consejería de Educación de hacer extensivo el reparto de ordenadores portátiles entre el alumnado de la concertada". Es la postura y declaración del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Extremadura, STE-Ex.

Ante la posibilidad de que desde la Consejería de Educación se pueda facilitar este material informático a los estudiantes de colegios concertados, este sindicato quiere dejar claro su oposición. Los profesionales de la enseñanza pública dicen no entender el criterio por el cual se concede esta prestación a unos centros que son, según sus palabras, "empresas privadas ya subvencionadas con fondos públicos y que, por tanto, sacan beneficio con su actividad".

"Si la competitividad, base del negocio particular, les hace incapaces de estar al mismo nivel que la Escuela Pública, entonces no tenemos que ser los contribuyentes los que acudamos al rescate de esas empresas", argumentan desde este sindicato.

FONDOS DE OTRAS ENTIDADES

Pero para esta organización sindical el gran problema no es este. Aseguran que con actuaciones como esta se perpetúan y toleran una serie de privilegios a unas instituciones sustentadas, en su mayor parte por la Iglesia, que reciben fondos procedentes de las arcas públicas.

"Por el contrario, quedan al margen en cuanto a regulación de contratación del profesorado, de sus retribuciones, condiciones labores y que pueden seguir adoctrinando al alumno en su credo o segregar por sexo al alumnado en sus aulas", denuncian desde STE-Ex.

Para este sindicato de profesores, la enseñanza concertada en la región está "mimada por la administración extremeña" que acude a su "rescate cuando queda en evidencia que no pueden competir con la Escuela Pública".